La depuración normativa es un instrumento de la Mejora Normativa, que permite decidir la pérdida de vigencia y derogación de grupos de cuerpos normativos de conformidad con los criterios de obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, cumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente, definidos en el artículo 2 de la Ley 2085 de 2021 y en el artículo 13 del Decreto Municipal 747 de 2021.

Esta figura puede ser utilizada por las Asambleas Departamentales, el Concejo del Distrito Capital, los Concejos Distritales y municipales, y demás autoridades en ejercicio de su respectiva competencia.

Tiene por propósito fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica, como medio para facilitar la vida pacífica de todas las personas y la sociedad en el marco del Estado Social de Derecho propugnado por la Constitución Política del Estado colombiano; también busca coadyuvar a la construcción y consolidación de un orden jurídico cada vez más justo, que facilite el desarrollo pacífico y civilizado de la vida de las personas en la sociedad colombiana, mediante la simplificación del sistema de reglas que son necesarias para ello.

Para el desarrollo de ejercicios de depuración normativa, es indispensable tener en cuenta la guía para el proceso de depuración de disposiciones de carácter general y abstracto, elaborada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para tal efecto.