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Sanciones agencias de arrendamiento – Ley 820 de 2003

La Ley 820 de 2003 expedida por el Congreso de la República, contiene el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y otras disposiciones sobre la materia; cuyo objeto es la de fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social; siendo de obligatorio cumplimiento en las relaciones contractuales entre arrendador y arrendatario, en todo aquello que tenga correspondencia con el contrato de arrendamiento y las obligaciones contraídas por las partes en el mismo; en especial por las personas, sean estas naturales o jurídicas, entre cuyas actividades principales esté la de arrendar bienes raíces destinados a vivienda urbana. 

En este sentido y  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 820 de 2003, “Toda persona natural o jurídica entre cuyas actividades principales este la de arrendar bienes raíces, destinados a vivienda urbana, de su propiedad o de la de terceros, o labores de intermediación comercial entre arrendadores y arrendatarios, en los municipios de más de quince mil (15.000) habitantes, deberá matricularse ante la autoridad administrativa competente”, así mismo, determina las funciones en relación a la inspección, control y vigilancia en materia de arrendamientos, facultad otorgada mediante Decreto 532 de 2016 al Subsecretario de Gobierno Local y Convivencia.

Esta ley en su artículo 34, prescribe las razones por las cuales la autoridad competente puede imponer multas, como sanción, hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Igualmente, el artículo 1º del Decreto Reglamentario 0051de 2004, radicó la competencia para conceder la matrícula de arrendador, en las Alcaldías Municipales, además de adelantar las actuaciones en cuanto a la inspección, control y vigilancia en materia de arrendamientos, creando esquemas de divulgación que permitan conocer de manera clara y oportuna las sanciones establecidas a las personas sujetas a la inspección, vigilancia, y control por parte autoridades competentes.


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