Resultado histórico contra las finanzas criminales en Medellín: extinción de dominio a 42 inmuebles por millonario robo de agua, gas y energía

• Los bienes afectados están avaluados en alrededor de $96.000 millones. Las prácticas ilícitas de esta red se habrían desarrollado desde 2013 y generaron pérdidas superiores a $1,24 billones entre 2020 y 2025.
• Además del impacto económico, las conexiones fraudulentas representaban un riesgo permanente para las comunidades, al aumentar la posibilidad de incendios, inundaciones, daños estructurales y otras emergencias.

Las autoridades lograron un resultado sin precedentes en contra de las finanzas criminales con la imposición de medidas cautelares sobre 14 establecimientos comerciales del sector hotelero y 28 inmuebles, presuntamente vinculados a una red dedicada al fraude de servicios públicos en Medellín. Los bienes afectados están ubicados en las comunas Laureles, Belén y en el Centro de la ciudad.

Esto ocurre tras 16 meses de investigación, gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, EPM, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Los 42 bienes a los que se les aplicó la extinción de dominio en este proceso están avaluados en alrededor de $96.000 millones, según los informes oficiales.

Fue posible establecer que esta estructura habría operado mediante la manipulación sistemática de medidores y conexiones ilegales de energía, agua y gas para reducir costos operativos y obtener ganancias ilícitas millonarias. Asimismo, las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios que evidenciarían un esquema criminal sostenido en el tiempo, con presuntos vínculos familiares, comerciales y societarios entre propietarios de inmuebles y establecimientos involucrados.

“Medellín sigue cerrando espacios a las economías ilegales y golpeando directamente las fuentes de financiación del crimen. Este es un golpe histórico

contra las finanzas criminales. A los delincuentes lo que más les duele es la plata y es precisamente allí donde estamos concentrando parte importante de nuestros esfuerzos”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Estas prácticas ilícitas se habrían desarrollado desde 2013 y generaron pérdidas superiores a $1,24 billones entre 2020 y 2025. Además del impacto económico, las conexiones fraudulentas representaban un riesgo para la seguridad de las comunidades, al aumentar la posibilidad de incendios, inundaciones, daños estructurales y otras emergencias derivadas de instalaciones irregulares.

“La ofensiva institucional contra el crimen no solo busca capturar delincuentes, sino también desmantelar sus patrimonios y debilitar sus estructuras económicas. En Medellín se acabó la idea de que el crimen puede operar tranquilamente detrás de fachadas aparentemente legales. Vamos tras las estructuras criminales, tras sus cabecillas y también tras su dinero. Quien se robe los recursos públicos o financie economías ilegales tendrá consecuencias”, agregó el secretario.

Los bienes afectados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso de extinción de dominio. Las autoridades continuarán con nuevas investigaciones para identificar otras redes dedicadas a actividades similares.