Consecuencias que trae la operación informal de viviendas turísticas en Medellín

Las viviendas turísticas o rentas cortas, es decir, aquella unidad de vivienda destinada ya sea de forma total o parcial para el alojamiento turístico (periodos cortos de máximo de 30 días), son establecimientos comerciales que deben cumplir con la normativa vigente para operar de manera legal y proteger así tanto a huéspedes (visitantes y turistas) como a habitantes locales.

Las viviendas turísticas en Colombia están reglamentadas por la Ley 300 de 1996, la Ley 1558 de 2012, la Ley 2068 de 2020 y los Decretos 2119 de 2018 y 1836 de 2021.

En Colombia, este tipo de alojamientos turísticos están regulados por la Ley 300 de 1996, la Ley 1558 de 2012, la Ley 2068 de 2020 y los Decretos 2119 de 2018 y 1836 de 2021, que exigen el cumplimiento obligatorio de requisitos para la prestación legal del servicio.

Cuando el propietario o administrador de una vivienda turística no cumple con lo establecido por la normativa, no solo pone en riesgo su patrimonio, sino que también afecta la competitividad y sostenibilidad de la actividad turística en la ciudad.

Conoce en este artículo cuáles son las principales consecuencias que trae para un prestador de servicios de vivienda turística operar sin cumplir debidamente todos los requisitos.

Operación legal de las viviendas de rentas cortas

Para que una unidad de vivienda, como  un apartamento, aparta estudio o una casa, pueda operar en Medellín como vivienda turística no basta con ofrecer el servicio y publicarla en una plataforma digital de alojamiento.

La normatividad colombiana exige al propietario o administrador del inmueble contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) activo y actualizado; y en caso de que el inmueble esté ubicado en un conjunto residencial y/o edificio, la actividad debe estar expresamente  autorizada en el Reglamento de Propiedad Horizontal del edificio para poder operar; implementar el Sistema Integrado de Registro de Extranjeros (SIRE), la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA) y el código de conducta para la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA); además de otros requisitos como el Registro Único Tributario (RUT), el registro mercantil y el pago de parafiscales de FONTUR.

El Decreto 1836 de 2021 establece las condiciones que se deben cumplir para que la actividad comercial de la vivienda turística sea desarrollada de manera formal, armónica y equitativa frente al hospedaje tradicional de los hoteles y evite impactos o consecuencias negativas para la población local.

El Distrito de Medellín, en compañía de la Policía de Turismo, realiza constantemente operativos de control para la inspección y vigilancia de los operadores de servicios turísticos.

Multas que pueden afectar la operación de la vivienda turística

Operar de manera informal una vivienda turística puede resultar muy costoso para el propietario o administrador de la misma.

Según la normativa vigente, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas a quienes presten servicios turísticos sin contar con el Registro Nacional de Turismo y demás documentación requerida de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), que equivalen a más de 2.600 millones de pesos colombianos.

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que la Administración Distrital pueda establecer en el marco del proceso verbal abreviado del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que implican el cierre definitivo de la actividad comercial y multas de hasta 50 SMLMV.

Sanciones y bloqueo en plataformas digitales

La operación informal no solo representa multas económicas. Una vivienda turística que no cumple con las normativas vigentes también se enfrenta a la suspensión temporal del Registro Nacional de Turismo e incluso a su cancelación, esto inhabilita al prestador de servicios a ejercer y ofrecer cualquier actividad o servicio turístico por un período de hasta cinco años.

Pero esto no es todo. Con el Decreto 1836 de 2021, las plataformas digitales de alojamiento turístico (Booking, Airbnb, Expedia, Trip, Agoda y demás) están obligadas a retirar de sus sitios web todos los anuncios de rentas cortas que no cuenten con un RNT válido y actualizado, lo que significa la perdida de visibilidad ante posibles clientes. Esto también aplica para todos los prestadores de servicios turísticos.

El riesgo del cierre definitivo de la vivienda turística

Sin duda, uno de los principales riesgos a los que se expone el propietario de un inmueble que no cumple con los requisitos para operar legalmente es no poder generar ingresos y rentabilidad en el mediano y largo plazo por el cierre temporal o definitivo de la vivienda de renta corta.

El cierre definitivo ocurre cuando hay un incumplimiento reiterado de los requisitos, por ejemplo, seguir operando sin RNT luego de ser sancionado; cuando hay una perturbación grave a la sana convivencia en la propiedad horizontal donde está ubicada la vivienda turística o cuando se comprueba que allí se cometen otros delitos como la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

En todos estos casos, tanto la Policía Nacional como los funcionarios de la administración local tienen la facultad para ordenar el cierre definitivo de la actividad turística en el inmueble.

En los operativos de inspección y control, las autoridades verifican el cumplimiento de los requisitos para la operación legal de la vivienda turística.

Las ventajas de operar de manera formal

La operación formal de las viviendas turísticas no debe ser vista como un trámite que dificulta la prestación del servicio a visitantes y turistas, por el contrario, la formalización de este tipo de establecimientos comerciales representa un sello de calidad que genera confianza y seguridad a los huéspedes y al mismo tiempo, impulsa y beneficia esta actividad turística en la ciudad.

Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos que exige la legislación colombiana también ayuda a obtener mejores calificaciones, más recomendaciones, tarifas más competitivas y un mayor índice de ocupación.

Así mismo, cuando un negocio está debidamente formalizado tiene mayores oportunidades de acceder a créditos, participar en programas de formación y fortalecimiento empresarial y contar con respaldo jurídico en caso de presentarse algún accidente o eventualidad con los huéspedes.

Finalmente, la formalización de las viviendas de rentas cortas también es un compromiso con Medellín pues contribuye a un turismo más sostenible y controlado, en el que los habitantes locales pueden vivir tranquilos y no ven afectados sus derechos por el desarrollo turístico del territorio.