El marco normativo Colombiano ha previsto ala Administración Pública como un bien jurídico que se protege, con especial importancia en el servicio que presta el individuo a la sociedad y su prestación en debida forma, garantizando los fines del Estado y la satisfacción del interés general.

El Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, establece delitos y penas dirigidos a los servidores. Se trata de los delitos contra la Administración Pública, que pueden conllevar penas privativas de la libertad, sanciones económicas e inhabilidades para ejercer cargos públicos hasta por quince años.

La responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria del servidor público, salvaguarda bienes o valores jurídicos diferentes, por lo cual no son incompatibles. Conocer nuestro deber funcional y actuar en consecuencia atendiendo los principios de la función administrativa, son la mejor manera de evitar incurrir en conductas que acarreen responsabilidades y sus consecuencias.