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Se trata de 165 hallazgos adicionales a los 501 que se tenían por hechos de corrupción. Las investigaciones ya dejan 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, ...
En un nuevo balance, la Administración Distrital dejó en evidencia los 666 hallazgos sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos en la administración anterior, es decir, otros 165 que se suman a los 501 identificados inicialmente.

“No hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano. Los Hermanitos Q tenían un grupo de WhatsApp: Los Amiguitos. Ahí quedaron las conversaciones donde presumían los lujos, armas, relojes, carros, fincas. Apenas dos meses de gobierno, en plena pandemia, y el hermanito ya estrenaba una camioneta blindada avaluada en $260 millones. Mientras la gente la pasaba mal, ellos estrenaban”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.
Los procesos adelantados por la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades han recaudado más de 13.000 elementos probatorios, 157 testigos y 97 peritos, además de resultados judiciales que incluyen 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, siete destituciones e inhabilidades, 25 medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos. “El jefe de la banda y su combo van a tener que responderle muchas preguntas a Estados Unidos. Sus viajes a Panamá y a Estados Unidos no fueron casualidad. Hay información de presuntos socios y testaferros, varios viviendo hoy en Miami. Entregué pruebas a agencias del Gobierno de Estados Unidos para que rastreen la plata: de Colombia a Panamá, y de Panamá a Estados Unidos. Esto puede terminar en pedidos de extradición. Nunca fue una persecución política. Es una persecución contra la corrupción. En los próximos días estaré en Estados Unidos entregando más información”, añadió el mandatario distrital.
La contratación presuntamente direccionada supera $1 billón, recursos que, habrían permitido financiar durante un año la alimentación escolar de 256.000 niños, atender a 80.000 menores y 12.000 madres gestantes en Buen Comienzo, construir 10 megacolegios o ejecutar más de 5.100 mejoramientos de vivienda. Uno de los procesos corresponde a la presunta venta de la gerencia de Afinia, filial de EPM para la Costa Caribe.
De acuerdo con la información entregada por la Administración a las autoridades, un testigo declaró que dicha gerencia habría sido negociada por ocho millones de dólares, con el propósito de influir en la contratación de la empresa. El caso hace parte de una investigación que incluye información sobre presuntas conexiones internacionales actualmente analizadas por las autoridades competentes. Otro expediente se relaciona con contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por más de $18.000 millones, los cuales fueron destinados inicialmente a la atención de emergencias e incendios durante la pandemia.

Según la investigación, estos recursos habrían sido objeto de direccionamiento contractual, sobrecostos y apropiación indebida. Hay siete personas vinculadas al proceso, una condena, cuatro principios de oportunidad y miles de pruebas documentales y técnicas. Las investigaciones también avanzan por presuntas irregularidades en contratos del Inder y Metroparques, donde la Fiscalía investiga sobrecostos superiores a $3.700 millones en implementos deportivos y retiros en efectivo cercanos a $8.000 millones, además del presunto direccionamiento de contratos interadministrativos por aproximadamente $200.000 millones. En el Parque de las Aguas, las autoridades investigan contratos cercanos a $22.000 millones para mantenimiento, en los que se habrían utilizado empresas sin la experiencia requerida y se habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a $2.790 millones.
Nueve personas enfrentan juicio por estos hechos. En el programa Buen Comienzo, la Fiscalía imputó a tres personas por presuntas irregularidades en la contratación de la alimentación infantil. La investigación sostiene que se modificaron requisitos para la contratación y que un operador habría recibido un contrato cuya capacidad financiera era muy inferior al monto adjudicado, lo que generó un presunto detrimento por más de $1.420 millones.

Las investigaciones incluyen el contrato de mantenimiento de zonas verdes de Medellín, adjudicado en 2020 por $5.250 millones a una empresa que, según el proceso, no cumplía con los requisitos de experiencia e idoneidad exigidos. Por estos hechos ya hay tres personas imputadas y decenas de pruebas recopiladas. Finalmente, la Administración reiteró que el proceso por el lote Aguas Vivas continúa vigente. Según explicó, aunque una decisión judicial ordenó ajustes de forma en la imputación, la investigación no ha sido archivada ni existen decisiones de absolución, por lo que el caso sigue su curso ante las autoridades judiciales.
La Alcaldía de Medellín informó, además, que entregó nueva información a las autoridades colombianas y a agencias de investigación de Estados Unidos para fortalecer el rastreo de recursos que, presuntamente, habrían salido del país producto de hechos de corrupción. “Y este es el otro lado de la historia. Cuando se gobierna bien, con austeridad y transparencia, la plata rinde. Hoy Medellín tiene un recaudo histórico, porque la gente volvió a confiar.
Recuperamos la confianza de las calificadoras: Fitch mejoró la perspectiva de Medellín a estable. Se acabó el despilfarro. Por eso hoy tenemos más de 1.800 obras en marcha. ¿Usted recuerda una sola obra del GDO? Aquí gobernamos con amor por Medellín, austeridad y transparencia”, concluyó Gutiérrez Zuluaga.