Implementan nuevo modelo para el control de construcciones ilegales en Medellín

• Se trata de un piloto entre la subsecretaría de Control Urbanístico y nuevos inspectores.
• La primera intervención de este nuevo modelo se desarrolló en La Asomadera, donde se identificaron inicios de obra sin licencia urbanística.

Velar por un desarrollo urbano ordenado, legal y seguro es una de las tareas de los nuevos inspectores de Convivencia y Paz de la Secretaría de Gestión y Control Territorial. En menos de una semana, este equipo desarrolló dos intervenciones en la comuna 9-Buenos Aires, sector de La Asomadera.

Durante la primera diligencia se verificaron 39 edificaciones por presuntas infracciones urbanísticas. Como resultado de este procedimiento, la Inspección de Convivencia y Paz impuso 24 sellos de suspensión de obra a igual número de estructuras por falta de licencia urbanística.

“El lote intervenido presenta afectaciones significativas, entre ellas invasión al retiro de quebrada, uso indebido del espacio público y amenaza alta por movimiento en masa, lo que motivó la actuación de las autoridades para prevenir el riesgo a la comunidad”, dijo el subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo.

El procedimiento se desarrolló en predios que presentan condicionantes técnicos, ambientales y urbanísticos. El sector tiene incidencia en el área donde se proyecta el Ecoparque La Asomadera y presenta restricciones asociadas al retiro de la quebrada La Loreto.

En una segunda actuación, las autoridades realizaron la remoción de bienes ubicados en un predio del Distrito. Durante la intervención fueron identificadas excavaciones y varillas dispuestas para una posible edificación irregular, situación que fue controlada gracias a la presencia institucional en el territorio.

Con este nuevo esquema se hará un seguimiento más constante sobre los asentamientos irregulares del Distrito para que aquellas personas que reinciden en estas conductas, a pesar de las suspensiones y desmontes, comprendan que las acciones no van a detenerse y se agotarán las etapas jurídicas y legales pertinentes para la protección de la vida y el territorio.

Quienes incurran en estas actuaciones pueden recibir sanciones económicas y, según cada caso, penales por delitos como urbanización ilegal o fraude a resolución administrativa. Asimismo, se hace un llamado a proteger el patrimonio e invertir solo en proyectos legales que cumplan con la normativa urbanística y cuenten con las autorizaciones correspondientes.