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El terreno donde estaban las edificaciones hace parte del proyecto del intercambiado vial de Andalucía y cuenta con restricciones que impiden desarrollar obras en él. L...
Como parte de la estrategia de verificación de puntos críticos en Medellín, el Distrito intervino el barrio Héctor Abad Gómez, en la comuna 5-Castilla, donde se levantó información de 53 edificaciones para la elaboración de informes técnicos por presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística.
Este material servirá de soporte para que las autoridades competentes adelanten las actuaciones correspondientes y continúen fortaleciendo el control urbanístico en un sector donde persisten nuevas construcciones y procesos urbanísiticos activos. En la acción fue identificado un lote intervenido que es propiedad del Distrito y presenta restricciones que impiden el desarrollo de nuevas edificaciones.
El terreno está clasificado como espacio público y cuenta, además, con áreas reservadas para futuras intervenciones y el uso de la comunidad. Adicionalmente, se encuentra dentro del retiro obligatorio de 30 metros de la quebrada caño Héctor Abad Gómez, una franja de protección ambiental en la que no está permitido construir para preservar el cauce y reducir el riesgo para la comunidad.

“Las infracciones urbanísticas pueden acarrear multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las cuales aumentan cuando se afecta el espacio público o el suelo de protección ambiental. Además, una obra ejecutada en un lugar donde la norma prohíbe edificar no se subsana por el hecho de estar terminada; en estos casos, la ley contempla su remoción. Nuestro llamado es a consultar las condiciones del terreno antes de comprar o iniciar cualquier proyecto, porque una decisión informada puede evitar pérdidas económicas y consecuencias jurídicas”, afirmó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

Además, en la comuna en mención, la Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas realizó seis entrevistas para verificar posibles procesos de venta o comercialización de predios y recopilar información que permita detectar redes de ocupación o comercialización irregular que puedan afectar a la ciudadanía.