“Que se aplique la máxima sanción”: alcalde Federico Gutiérrez anunció nuevas acciones legales por crisis de la salud derivada de incumplimientos del Gobierno Nacional

• Salas de urgencias en Medellín superan el 150 % de su capacidad, los hospitales comienzan a cerrar servicios y miles de usuarios de Nueva EPS y otras entidades intervenidas por el Gobierno Nacional se quedan sin atención por falta de pago.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró este lunes una reunión con directores de clínicas y hospitales para tratar la crisis que afronta el sistema de salud, marcada por el colapso operativo de la red hospitalaria. Tras el encuentro, el mandatario local anunció que interpondrá nuevas acciones jurídicas y legales ante el riesgo que corren los pacientes por las fallas en la atención, derivadas de decisiones e incumplimientos del Gobierno Nacional a las órdenes ya impartidas por la justicia a partir de solicitudes hechas desde la Alcaldía de Medellín.

Gutiérrez Zuluaga recordó que esta situación se da casi un año después de que él interpusiera una acción popular, para que se garantizara el derecho a la salud de los ciudadanos. Aunque el 11 julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Gobierno Nacional pagar las deudas, el plazo se venció sin que lo hicieran. Por ello, el 2 de febrero de 2026 se inició un trámite de desacato, que tampoco fue cumplido.

Es por esto que el mandatario local radicó una nueva solicitud al Tribunal Administrativo de Antioquia para que aplique la máxima sanción a los ministros de Salud y Hacienda, así como al superintendente de Salud, por incumplir el fallo judicial. Además, radicó un comunicado pidiendo a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría que adelanten una intervención urgente.

“Y también hay una comunicación de parte mía, como alcalde de Medellín, que le he trasladado a la Fiscalía General de la Nación, para que inicie las investigaciones, porque aquí se está burlando la justicia y esto debe sancionarse. Nadie está por encima de la ley”, agregó Gutiérrez Zuluaga.

Actualmente, en Medellín los servicios de urgencias superan el 150 % de ocupación, con niveles de hasta 191 % en el Hospital La María, 163 % en Incodol y más del 150 % en instituciones de alta complejidad como San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe. Esta situación conlleva a una red desbordada, con más de 100 pacientes en observación en el Hospital General de Medellín (HGM), 83 en el Pablo Tobón Uribe, 55 en La María y 41 en San Vicente Fundación, así como decenas de pacientes en salas de espera, lo que ha derivado en la cancelación de más de 2.000 atenciones en Alma Máter, suspensión de servicios en Cardiovid y cierre progresivo de capacidades en varias IPS.

“Decretamos la urgencia y la emergencia hospitalaria porque la red está operando en este momento en Medellín a niveles críticos, como está pasando en muchas ciudades del país. Estas no son cifras, son pacientes esperando horas e inclusive días, son vidas en riesgo. Esto ya no es una alerta que estamos haciendo el día de hoy, esta es una crisis humanitaria en salud que generó el Gobierno Nacional en cabeza de Petro. Lo más grave y más doloroso es que esta crisis no es accidental, tiene una causa clara, directa y comprobable: el Gobierno Nacional no está pagando”, señaló el mandatario local.

La deuda asciende a cerca de $33 billones en Colombia y más de $8 billones en Antioquia, lo que afecta la sostenibilidad de hospitales y clínicas. Solo al Hospital General de Medellín, las EPS intervenidas le adeudan más de $270.000 millones, distribuidos entre Savia Salud con $190.000 millones, Adres con $22.900 millones y Nueva EPS con $48.000 millones, una situación que resulta insostenible para la operación del sistema. A pesar de este panorama, el Distrito ha invertido cerca de $480.000 millones, desde 2024, para sostener la red pública y evitar el colapso.

La Alcaldía de Medellín reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que gire los recursos adeudados y tome acciones que eviten que la crisis empeore. La Administración Distrital ha respondido con recursos, acciones jurídicas y medidas de contingencia, pero no puede sustituir las responsabilidades del nivel central.