.: En 2021, el desplazamiento forzado intraurbano (DFI) en Medellín disminuyó 8% respecto a 2020.

.: La Alcaldía ofreció apoyo técnico y metodológico a la mesa en la construcción del informe.

.: La Mesa de Víctimas busca que este documento incida en la apertura de un nuevo macro caso en la JEP.

Palabras de Iván Palomino, secretario (e) de la No-Violencia.1140 Kb

Palabras de Luz Elena Galeano, víctima del conflicto armado e integrante de la mesa.1259 Kb

La Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín entregó el primer informe sobre desplazamiento forzado intraurbano a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), denominado Medellín frente al desplazamiento forzado intraurbano: Una ciudad de contrastes, que contribuye con la memoria y la búsqueda de justicia entorno a este delito en la ciudad.

El acompañamiento de la Alcaldía de Medellín a la Mesa de Víctimas en la construcción del informe se enmarca en los criterios establecidos por la JEP para facilitar el acceso a la información y conocimiento generado por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas, y consistió en una asistencia técnica y metodológica en la recolección, análisis y organización de la información para la creación del documento final.

“Es un acto para nosotros muy importante porque gracias a la Mesa de Víctimas se continúa posicionando en la agenda pública de la ciudad lo que ha significado el desplazamiento para las víctimas de Medellín. Son años de dolor, de demandas de verdad y de justicia que hoy abren una nueva ventana gracias a las víctimas”, dijo el secretario (e) de la No-Violencia, Iván Palomino.

El informe evidencia el desplazamiento forzado intraurbano como un delito sistemático, con amplio alcance territorial y que ha generado graves daños en la población, la memoria y la posibilidad de paz local.

Respecto a este fenómeno y para contrarrestar este hecho victimizante, la Alcaldía atendió 564 hogares en 2021, equivalente a 1.656 personas. Las cifras del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Secretaría de la No-Violencia muestran que el desplazamiento forzado intraurbano disminuyó 8 % con relación a 2020, es decir, en 2021 se atendieron 50 hogares menos. Además, se observa un decrecimiento en los últimos seis años, de 2016 a 2021.

Pese a la disminución de este flagelo, la mayoría de casos en 2021 fueron en las comunas 13-San Javier (88), 8-Villa Hermosa (69) y 1-Popular (63).

Esta problemática ha bajado gracias al trabajo de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunidad civil, además del desarrollo de políticas de seguridad en la ciudad y el enfoque de defensa por la vida y la paz implementado desde la Secretaría de la No-Violencia.

“Es un paso muy importante porque visibiliza este flagelo que ha sido sistemático. Esto fue posible gracias a un rastreo que hicimos con diferentes instituciones, personas y mesas de trabajo para presentar el contexto y la recolección de los testimonios con las voces de las víctimas y que dijeran dónde habían sufrido este hecho”, afirmó Luz Elena Galeano, víctima del conflicto armado e integrante de la mesa.

Los esfuerzos de la Administración Municipal se concentran en el análisis y seguimiento a la dinámica del desplazamiento forzado intraurbano para hacer visible este fenómeno, incluirlo en la agenda pública local y nacional y advertir riesgos para prevenirlos de manera temprana.

Entre los avances de la atención se encuentran las garantías para el acceso efectivo de la población a las medidas de asistencia a más de 3.000 personas con la entrega de alimentación, temporalidad y kits de aseo, cocina y hábitat, además de albergue, medidas de salud, educación, identidad y reunificación familiar.

En materia de prevención y protección se han adoptado medidas para evitar este tipo de desplazamiento, para mitigar sus efectos inmediatos y restablecer los derechos de las víctimas. Para ello se acompaña a las víctimas en la generación de ingresos, el acceso efectivo a oferta local asociada a la garantía de derechos y el fortalecimiento de su participación y organización social para la incidencia política.

“La justicia restaurativa que desarrolla la Jurisdicción significa poner en el centro del daño a las víctimas y que ese daño haga parte de un diálogo público en el que se investigue, se sancione a los responsables y haya garantías de no repetición. Sabemos que la justicia y la paz también pasa por Antioquia y vemos la necesidad de que, en el futuro, los casos que se abran, tendrán que hacer investigación en esta región”, aseguró el magistrado de la JEP,  Roberto Carlos Vidal López,

La Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas (MMPEV) busca que este informe incida en la apertura de un nuevo macro caso en la JEP sobre desplazamiento forzado y en la inclusión de las víctimas de Medellín.

La entrega fue presidida por el Magistrado de la JEP, Roberto Carlos Vidal, y contó con representantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Personería de Medellín, y la Universidad de Antioquia.