Desde Medellín acompañaron para prevenir, escuchar y proteger a la comunidad Emberá Katío, en El Chocó

El regreso a un territorio no siempre significa que la historia del desplazamiento haya terminado. Para las comunidades indígenas Emberá Katío de El 90, en Quibdó, y El 18, en El Carmen de Atrato, septiembre comenzó entre retornos, desplazamientos, riesgos y conversaciones sobre cómo permanecer en sus territorios.

En Quibdó, una comisión de la Alcaldía de Medellín llegó en días pasados hasta El 90 para conocer de primera mano las condiciones en las que se encontraba la comunidad después de su regreso voluntario. Apenas unos días antes, el 24 de agosto, sus integrantes habían llegado a Medellín tras un desplazamiento masivo provocado por el conflicto armado.

Ahora estaban de vuelta. El reto era conocer qué había cambiado, qué permanecía pendiente y qué condiciones eran necesarias para que el retorno pudiera sostenerse.

En el territorio, la Defensoría del Pueblo del Chocó, la Personería de Quibdó, representantes de la Alcaldía de Quibdó y profesionales del equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, revisaron las condiciones de seguridad, los niveles de vulnerabilidad y las necesidades de la comunidad.

Un nuevo comienzo

El retorno se convirtió así en un nuevo punto de partida. Porque volver a casa también implica contar con condiciones que permitan quedarse. Al día siguiente, la ruta continuó hacia El Carmen de Atrato, donde el panorama era distinto, pero tenía un mismo origen: el conflicto armado.

En el territorio de la comunidad indígena Emberá Katío El 18 permanecen asentadas las comunidades de Río Playa, La Isla y El Mambual, cuyos integrantes fueron desplazados de sus territorios de origen. Durante la mesa técnica, los gobernadores tradicionales y las entidades presentes escucharon las preocupaciones de las comunidades y conocieron las situaciones de riesgo reportadas en Matecaña y El Abejero.

Una de las principales preocupaciones quedó sobre la mesa: la solicitud a la Personería Municipal para avanzar en la declaración de confinamiento por hechos relacionados con el conflicto armado. Mientras tanto, las familias desplazadas continúan necesitando atención y acompañamiento institucional.

En estos territorios, las decisiones no se toman lejos de quienes viven las consecuencias del conflicto. Las autoridades indígenas, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de El Carmen de Atrato, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento del Chocó (ASOREWA) y la Alcaldía de Medellín pusieron en común información, necesidades y rutas de respuesta.

Dos días, dos territorios y una misma pregunta: ¿cómo evitar que el desplazamiento vuelva a ser la única salida?

En El 90, la respuesta pasa por acompañar un retorno y verificar que pueda sostenerse. En El 18, por atender a quienes ya fueron desplazados y actuar frente a los riesgos que podrían provocar nuevas salidas.

La presencia en el territorio permite que las alertas no se queden en informes. Que una solicitud de confinamiento tenga una ruta de atención. Que una familia desplazada mantenga acceso a la asistencia. Y que regresar a casa no sea solamente volver, sino tener la posibilidad de permanecer.

Para las comunidades Emberá Katío, el territorio sigue siendo el lugar donde están sus raíces. Para las instituciones, el desafío es que esas raíces puedan permanecer allí, sin que el conflicto vuelva a arrancarlas.