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Portal de Medellin/Temas/Planeación Municipal/Programas y Proyectos/Política Pública de Protección a Moradores


¿Qué es la Política Pública?

Es el conjunto de objetivos, estrategias, instrumentos, programas y acciones integrales derivadas de un proceso en el que participan instituciones públicas y privadas, habitantes de diferentes zonas y corregimientos, organizaciones sociales y entidades académicas.

Todas las anteriores, articulan esfuerzos, recursos, capacidades, ideas, intereses y conocimientos, para deliberar y llegar a acuerdos sobre las acciones necesarias para resolver un problema que consideraron de carácter público y que le genera un impacto a su cotidianidad.

¿Qué es la Política Pública de Protección de Moradores?

La Alcaldía de Medellín señala que la política pública de protección a moradores es el marco normativo para garantizar que ninguna obra pública o trasformación urbanística que se ejecute en la ciudad, desmejore las condiciones actuales de los moradores de ese territorio o impacte de manera negativa su calidad de vida.

Esos impactos pueden generarse debido a obras de infraestructura, macroproyectos, planes de renovación y otras formas de intervención, que no poseen protocolos unificados y adolecen de un acompañamiento integral a la comunidad, al privilegiar la ejecución de la obra o la intervención, sobre el bienestar sostenible de la comunidad impactada. Estas son las tres fases de actuación que materializará la política pública de protección a moradores en Medellín:

Fase I: la protección y la viabilidad de las intervenciones territoriales.

Define los impactos, el grado de incidencia sobre capitales y capacidades de la población y el territorio. Realiza valoración socioeconómica integral; esta fase se desarrolla de manera paralela a las etapas de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos o intervenciones territoriales.

Fase II: la protección en la formulación de los proyectos

Inicia con la viabilidad social, jurídica y técnica del proyecto y la decisión de realizar o no el reasentamiento de población.

Fase III: la protección posterior a la ejecución de los proyectos

Se desarrolla el seguimiento y evaluación de los resultados una vez se ejecuta el plan de acción para la protección, además de un acompañamiento a las unidades sociales, económicas y productivas que permanecen en el área de estudio.

¿A quiénes está dirigida la Política?

La política pública concibe como habitantes/moradores de un territorio a poseedores, tenedores, propietarios, residentes, y aquellas personas que desarrollan actividades productivas o económicas formales e informales en el territorio.

Cabe señalar que la política privilegia el reasentamiento de la población en sitio; es decir, que puedan permanecer en su mismo entorno, ya sea barrio o comuna, con el fin de no desconocer ni desestructurar las redes sociales, económicas y productivas que han construido esas familias medellinenses en el territorio.

A quiénes está dirigida la Política
Descargar cartilla formulación de la política pública de protección de moradores

¿Quiénes participaron en su formulación?

ONGs como Corporación Antioquia Presente, Corporación Con-vivamos, Corporación Nuestra Gente, Corporación Región entre otras y representantes del sector privado como fue el caso de Acopi, Cámara de Comercio de Medellín, Proantioquia y entidades como Empresas Públicas de Medellín –EPM-, Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, Metroplús y la Personería de Medellín. También participaron diversos actores tanto del Estado como de la sociedad identificados así:

  • Población impactada y potencialmente impactada

Impactados por obras, planes, proyectos, tratamientos, entre otras formas de intervención del territorio.

  • Actores territoriales por zonas y corregimientos

Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, organizaciones populares de vivienda, organizaciones ambientales, asociaciones de comerciantes formales e informales, entre otros actores que representen las fuerzas vivas de los territorios de la ciudad en lo urbano y en lo rural.

  • Actores Institucionales

Secretarías, departamentos administrativos, gerencias, entidades descentralizadas, entre otras dependencias y unidades administrativas comprometidas con la protección a moradores, actividades económicas y productivas.

  • El Concejo de Medellín y el Consejo Territorial de Planeación

Son instancias garantes de la protección a moradores y a sus territorios.

  • El Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

Institución con liderazgo, compromiso y que brinda el direccionamiento en la construcción de la PPPMAEP.

  • Actores acompañantes del proceso

Académicos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y actores privados.

¿Qué sigue?

A finales de noviembre fue radicado el borrador de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas. Considerada como una iniciativa pionera a nivel nacional, esta herramienta fue construida por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín en convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.

Esta iniciativa es analizada desde el pasado 05 de marzo de 2019 por una de las comisiones de estudio del Concejo de Medellín y será debatida entre los meses de marzo y abril.

A la fecha, el Departamento Administrativo de Planeación avanza en la consolidación de los instrumentos que permitirán ejecutar esta política pública y que contemplan entre otros, un protocolo o procedimiento para reconocer y proteger los derechos de los moradores en proyectos o intervenciones físicas, y el cual contempla tres fases que se desarrollan bajo el esquema tradicional de un proyecto de obra pública o trasformación urbanística: antes, durante y después. 

Una vez aprobada y adoptada, la Alcaldía de Medellín iniciará el proceso de reglamentación e implementación de estos instrumentos, y señalará cuáles entidades y dependencias serán las responsables de su materialización.

¿La política pública incrementará el valor del proyecto?

No. la fuente de financiación es la misma, pero esta vez no se trabajará sobre la marcha ni se jalonarán recursos de manera improvisada y reactiva; todos los factores sociales y técnicos deberán ser tenidos en cuenta al momento de planear y establecer una cifra final del valor de la obra pública.


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