Prevenotas de la Secretaría General de Medellín

Los memorandos de entendimiento, cartas de intención o memorandos de intención “son acuerdos que no forman parte del sistema de compra pública, toda vez que los mismos no constituyen contratos estatales, teniendo en cuenta que de la suscripción de estos no se derivan obligaciones para las partes y, por lo tanto, no resultan aplicables a estos las disposiciones normativas contenidas en el Estatuto General de Contratación.” (Circular 94 de 2022). No son contratos ni convenios, por lo que deben expresar simples exhortaciones o declaraciones de intención y no deben contener obligaciones de dar, hacer o no hacer; no debe mencionar aportes ni compromisos presupuestales.

El procedimiento administrativo sancionatorio fiscal es el que se aplica, entre otros, a los servidores públicos que recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, bienes o recursos públicos, o que sin ser gestores fiscales deban suministrar información que se requiera para el ejercicio de las funciones de vigilancia o control fiscal. Las conductas sancionables por este procedimiento se encuentran definidas en el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020 y las sanciones, que no tienen naturaleza disciplinaria ni indemnizatoria o resarcitoria patrimonial, pueden ser de multa o suspensión en el ejercicio de funciones y el título de imputación es culpa o dolo.

El artículo 4º de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 47B al CPACA, contempla la figura de la suspensión provisional, lo que significa que, mientras se adelanta el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, el posible autor puede ser suspendido del cargo, siempre que se evidencie que si sigue ejerciéndolo, puede continuar cometiendo o reiterando la acción. La suspensión aplica por un (1) mes,
prorrogable por otro mes, sin derecho a remuneración, pero sí al pago de seguridad social y parafiscales.

El artículo 196 de la Ley 1955 de 2019 estableció medidas para la generación de oportunidades de empleo, en entidades públicas, para los jóvenes entre dieciocho (18) y veintiocho (28) años. Esta disposición fue reglamentada, recientemente, por la Ley 2214 de 2022, con la cual se pretende fortalecer las medidas para promover el empleo juvenil.

Entre las medidas previstas en la Ley 2214 de 2022 está la obligación de las entidades públicas de otorgar, en condiciones de igualdad, por lo menos el diez por ciento (10%) de prelación en la asignación de los empleos temporales existentes o nuevos a jóvenes entre los 18 y 28 años,
“egresados de programas técnicos, tecnólogos y de pregrado”, que no tengan experiencia en su campo de conocimiento y que cumplan los requisitos del cargo, siempre y cuando dichos empleos no puedan ser provistos mediante el uso de listas de elegibles o a través de encargo de empleados de carrera de la entidad que cumplan los requisitos para su desempeño (artículo 4).

Para la aplicación de este medida, tienen prioridad “los jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar” (Ley 2214 de 2022, artículo 4, parágrafo).

Para ampliar esta información, los invitamos a consultar la Ley 2214 de 2022.

La delegación es una figura jurídica que permite a un servidor público entregarle a otro sus funciones o competencias. Los sujetos que intervienen en el acto de delegación son el delegante (quien entrega la función) y el delegatario (quien recibe la función).

En cuanto a la responsabilidad, por regla general, el delegante se exime responsabilidad cuando delega una de sus funciones o competencias. Sin embargo, en materia de contratación debe diferenciarse entre, si se está delegando solo la firma del contrato, o si se está delegando la realización de todo el proceso de contratación. Solo en este último caso el delegante se exime de responsabilidad.

Por último, es importante tener claro que el delegante si bien no será responsable de los actos y conductas del delegatario, ostenta la función de vigilancia de los actos del delegatario, por lo que, puede llegar a ser responsable penal, fiscal o disciplinario por ser negligente en el ejercicio de esa función de vigilancia.

Para saber más de este tema, los invitamos a consultar en la biblioteca jurídica virtual del Municipio de Medellín – ASTREA, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998.

El Departamento Administrativo de la Función Pública lo define como el servidor público impulsado a mejorar sus capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos de cara a la Cuarta Revolución Industrial, respondiendo a los entornos cambiantes, enfocado en el conocimiento, el aprendizaje continuo y la asertividad en la comunicación al servicio de la sociedad (Función Pública, 2022).

Por lo tanto, ante los cambios que han generado las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, las entidades públicas requieren
fortalecerse con el fin de procesar y dar respuesta a las necesidades de la sociedad de forma más eficiente, siendo fundamental el papel de los servidores públicos, pues son quienes acercan el Estado a los ciudadanos, mediante sus competencias, capacidades técnicas y vocación de servicio.

Estas competencias se deben desarrollar desde los procesos formativos y educativos, que finalmente constituyen un derecho y un deber de los servidores públicos.

Desde el 14 de julio de 2021, con la promulgación del Acto Legislativo 01 del mismo año, se concedió la calidad de Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Medellín. Previo al cambio de naturaleza jurídica del ente territorial, en el Municipio de Medellín, ahora Distrito, se habían creado mediante actos administrativos de diversa índole, instancias institucionales denominadas mesas, comités, consejos y otras, con el apelativo “municipal”.

La Secretaría General con sujeción a los principios generales del derecho, determino que no es necesario expedir nuevos actos administrativos (decretos, resoluciones o acuerdos), para efectos de adecuar la denominación de las diferentes instancias institucionales creadas con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2021.

Con la finalidad de garantizar la unificación, coordinación de criterios y actuaciones jurídicas en el actual Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y su conglomerado publico, la Secretaría General expide la CIRCULAR No. 202260000132 de 2022, a través de la cual, se emite un direccionamiento jurídico respecto de la adecuación de la denominación de las instancias creadas o instituidas mediante actos administrativos de acuerdo con la naturaleza jurídica de Medellín como ente territorial distrital. En la referida circular, se exhorta a los
servidores públicos y contratistas de las dependencias del nivel central y entidades descentralizadas, para que ajusten en lo sucesivo el nombre de las diferentes mesas, comités, consejos y demás instancias institucionales utilizando el apelativo “distrital”.

Para mayor información consultar la circular, CIRCULAR No. 202260000132 de 2022.

Es un sistema de compras, que nació con la expedición de la Ley 1150 de 2007, buscando lograr mejores precios y resultados, en términos de
valor por dinero, así como reducir los costos administrativos del proceso de compra, tanto para las entidades como para los proveedores.

Con estos acuerdos, como el Estado actúa como único comprador, permite que se unifiquen términos y condiciones para el suministro de
Bienes y Servicios, permitiéndole manejar inventarios con mucha más flexibilidad.

En la Actualidad, la norma que reglamenta el uso obligatorio de esta herramienta de compras públicas, es el Decreto 0310 de 2021 – Acuerdos Marco de Precios.

Todo servidor público deberá declararse impedido si, al adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, encuentra que esta cobijado por una causal de impedimento.

Las causales genéricas para todos los servidores públicos se encuentran señaladas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, diferentes normas podrán contener causales especiales para las actuaciones que se rijan por dichas normas.

En caso que el servidor se considere impedido respecto a un asunto, deberá enviar la actuación con escrito motivado a su superior, dentro de los tres días siguientes a su conocimiento. El superior decidirá si acepta el impedimento, y en caso afirmativo determinará quien conocerá del asunto.

Para mayor información los invitamos a consultar las causales de impedimento en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 en ASTREA –  Biblioteca Jurídica Virtual de Medellín, donde podrán encontrar estas normas actualizadas y concordadas.

El 28 de junio pasado, el Señor Alcalde expidió la Circular 202260000112, mediante la cual emite directrices en relación con el cambio de naturaleza jurídica de entidad territorial municipal a distrital y a la obligatoriedad del uso del nombre adecuándolo a esta nueva naturaleza, así:

 El nombre de la entidad territorial es Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

• Todas las dependencias del nivel central realizarán las actuaciones que desde sus competencias, contempladas en el Decreto Municipal 883 de 2015, les corresponda para hacer efectivo el cambio de nombre.
• Se insta a todas las dependencias del nivel central, entidades descentralizadas, servidores públicos y contratistas para que en todos los actos administrativos, oficios y demás documentos oficiales en los que se haga referencia a Medellín, se haga como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
• Se insta a los secretarios de despacho, directores de departamento administrativo, directores, gerentes y/o rectores de entidades descentralizadas a atender los requerimientos que se realicen desde la Coordinación Estratégica del Proceso de Transición en relación con las funciones propias de su dependencia o entidad.

El Gobierno Nacional ha regulado EL SISTEMA ÚNICO PARA El MEJORAMIENTO Y PREVENCIÓN  DE LOS ABUSOS EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA, siendo esta,  una herramienta tecnológica a través de la cual se registran todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Reconocimiento del Servicio Policial y/o Sugerencia (PQR2S); aplicativo que permite verificar en tiempo real las actividades que realicen las autoridades de policía y el resultado de las mismas, en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Esta adición que sufre el Decreto 1070 de 2015 «Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa“ vincula directamente al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e innovación de Medellín, llamándole a propender  para que la comunidad en general conozca la funcionalidad del Sistema Único para el Mejoramiento y Prevención de los abusos en la actividad de Policía, además de fungir como canal de comunicación directo entre la ciudadanía y la Policía Nacional en lo que corresponde a: Peticiones, Quejas, Reclamos, Reconocimientos del Servicio Policial y/o Sugerencias (PQR2S) respecta.

Para mayor información consultar  el Decreto 1007 del 14 de junio de 2022