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Prevenotas de la Secretaría General de Medellín

Últimas Prevenotas

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Preve-Nota

488 de 2021

Apoyo a la industria nacional en la contratación pública

Con el objeto de generar un real incentivo a la industria Nacional, el gobierno expidió el pasado 22 de junio, el Decreto 680 de 2021; esta norma establece una nueva definición de servicios nacionales, así como los criterios para la asignación de puntaje bajo este concepto. 

La norma establece un incentivo efectivo a la industria nacional, por cuanto califica al proponente y a los servicios a prestar con criterios de verificación objetiva:

Los servicios ofertados por un proponente serán nacionales cuando, el proponente sea:

  • Un residente en Colombia, 
  • De origen colombiano (persona natural nacional colombiana o una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana) 

Un extranjero con trato nacional (hay un tratado de trato recíproco entre su Estado de origen y Colombia).

En cuanto a la oferta, esta debe incluir bienes nacionales relevantes definidos por la entidad contratante o, si no los hay, vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano exigido, que nunca será inferior a 40%.  

Para mayor información consultar el Decreto 680 de 2021

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Preve-Nota

487 de 2021

Negociación colectiva en el sector público

Negociación Colectiva es el  Proceso que se realiza entre los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de una parte y, de otra, la entidad empleadora y autoridad competente, para fijar las condiciones de empleo y regular las relaciones de esta naturaleza entre la administración pública y sus organizaciones sindicales, susceptibles de negociación y concertación. 

Reglas de aplicación a la negociación colectiva: i) Respetar las competencias constitucionales y legales exclusivas atribuidas a las entidades y autoridades públicas. ii) Respetar el principio de previsión y provisión presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo para la suscripción del o los acuerdos colectivos con incidencia económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconómica del Estado y su sostenibilidad y estabilidad fiscal. ii) Una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública.          

Materias de negociación: i) Las condiciones de empleo, y  ii) Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo.  Se excluye de la negociación colectiva: i) La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos.  ii) Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado. iii) El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera administrativa general y sistemas específicos. iv) La atribución disciplinaria de las autoridades públicas. v) La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. 

En materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las posibilidades fiscales y presupuestales, y respetando los límites que fije el Gobierno nacional. En materia prestacional las entidades territoriales no tienen facultad de negociar y concertar.

Para ampliar información consultar el Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del sector trabajo en ASTREA

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Preve-Nota

486 de 2021

Ciclo de gobernanza regulatoria 3: Participación Consulta pública

A través del Decreto 747 de 2021 se establecieron los lineamientos para la mejora normativa del Municipio de Medellín. Así, para la expedición de normas de carácter general y abstracto proyectadas para firma del Alcalde que sean de impacto para la ciudadanía, deberá procurarse el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo de gobernanza regulatoria municipal.

La tercera etapa del ciclo es la de consulta pública, promoviendo la participación de la sociedad y los grupos de interés impactados con el proyecto normativo en su elaboración a través de diferentes medios, como la participación directa en mesas o grupos de estudio o trabajo, comisiones, comités, entrevistas con líderes sociales, reuniones con grupos seleccionados, foros, grupos focales, entre otras.

También deberá cumplirse con la consulta previa a los grupos étnicos cuando sea necesaria de conformidad con la Ley 21 de 1991; el artículo 49 de la Ley 70 de 1993 y la Sentencia T-576 de 2014 de la Corte Constitucional. Además de la publicación de los proyectos específicos de regulación en el portal web del Municipio siguiendo los lineamientos dados en la Circular 18 de 2017 de la Secretaría General.

Los aportes, comentarios, sugerencias y observaciones que formule la comunidad serán analizados en su viabilidad técnica, financiera, jurídica y de conveniencia, procurando brindar respuesta oportuna a las personas que participaron, agradeciendo su participación y sus propuestas; y en la medida de lo posible señalando cuáles serán acogidas y cuáles no, al menos con una explicación sintética de las razones de la decisión. Para conocer más sobre el ciclo de la gobernanza regulatoria del Municipio de Medellín, consulta en Astrea el Decreto 747 de 2021

 

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Preve-Nota

485 de 2021

Circular Externa No. 100-0015 de 2021

El 25 de octubre de la presente anualidad, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió la Circular Externa No. 100-0015 de 2021, por medio de la cual se dan directrices a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial, para que dentro de su autonomía, determinen la viabilidad de la instalación de la mesa “Por el empleo público, la actualización/ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de prestación de servicios y garantizar el trabajo digo y decente”.

La mesa debe instalarse conforme lo indica el parágrafo 4 del artículo 2.2.1.4.4. del Decreto 1083 de 2015, y tendrá por objeto adelantar el estudio para determinar si existen en las entidades contratos de prestación de servicios y se requiere adelantar un proceso de actualización/ampliación de las plantas de empleos. Este proceso no debe generar costos adicionales y podrá estar contenido en los planes de desarrollo territoriales con fundamento en el principio de coordinación.

Esta directriz se genera en cumplimiento del punto 172 del acuerdo suscrito el 18 de agosto de 2021 entre el Gobierno Nacional y las confederaciones y federaciones sindicales de servidores públicos.

 

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Preve-Nota

484 de 2021

Suscripción por parte del alcalde de autorizaciones para contratar entidades sin ánimo de lucro

De conformidad con las disposiciones vigentes del Decreto Nacional 092 de 2017, las Entidades Estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro – ESAL – de reconocida idoneidad para impulsar programas y actividades del  Plan de Desarrollo.

En este sentido, la Secretaría General se encuentra construyendo una Circular mediante la cual dará algunos lineamientos a las diferentes dependencias de la administración municipal frente a los requisitos que deberán allegar a la Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico, para la consecución de la autorización para contratar con las ESAL.

Algunos de los requisitos son los siguientes: baberos o formatos remisorios (FO-GEJU-100) diligenciados y firmados tanto por la dependencia gestora del contrato como por la Secretaría de Suministros, documentos precontractuales, en caso de los comodatos documentación precontractual que cumpla con las Resoluciones SSS 201850043580 de 2018 y 202050083439 DE 2020,oficio de la dependencia gestora donde se indique la necesidad o conveniencia de suscribir con la ESAL el contrato, la verificación de la documentación que los acredita como ESAL y la verificación en el RUES de su vigencia con las excepciones de ley.

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Preve-Nota

483 de 2021

Incentivos en los procesos de contratación conforme a la “Ley del Vigilante”

La Ley 1920 de 2018, conocida como “Ley del Vigilante”, establece en su artículo 6° incentivos para vinculación de mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad. En dicha disposición, se indica que el Gobierno Nacional, expedirá un decreto reglamentario para establecer una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa para las empresas de vigilancia y seguridad privada y/o cooperativas especializadas en la materia, cuyo personal operativo cuente con mujeres, personas con discapacidad y/o personas mayores de 45 años.

Así, se expide el Decreto 1279 de 2021 que reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018 y adiciona el Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional (Decreto 1082 de 2015). Entre los puntajes que establece el Decreto, entre otros, se encuentran: 

  • En los procesos de licitación pública las Entidades Estatales otorgarán hasta 3% del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a las empresas de las que trata la Ley, que tengan dentro de su personal operativo mujeres, personas con discapacidad y mayores de 45 años vinculadas a la planta de personal, de acuerdo con las reglas establecidas en su artículo 2, que adiciona la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.  
  • Es importante mencionar que, para efectos de aplicación de las reglas de incentivos, el Decreto consagra las definiciones de Personal Operativo; Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada y de Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Para ampliar detalles de las reglas descritas para el cálculo de los incentivos, puede consultar la Ley 1920 de 2018 y el Decreto 1279 de 2021.

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Preve-Nota

482 de 2021

Declaran la constitucionalidad del Piso de Protección Social

Recordemos que la Ley 1955 de 2019 reglamentada por el Decreto 1174 de 2020 crea el Piso de Protección Social (PPS) como una alternativa para aquellas personas que no alcanzan mensualmente un ingreso de un salario mínimo de afiliarse a salud y pensión de vejez. Esto último, a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). El aporte corresponde al quince porciento (15%) del ingreso mensual, y no puede ser descontado al trabajador. 

Recientemente, la Corte Constitucional emitió el Comunicado de Prensa No. 31 declaró la exequibilidad del artículo 193 de la Ley 1955, es decir, declaró exequible la figura de Piso de Protección Social. Según el comunicado esta alternativa constituye “un instrumento de partida de dignidad humana en la garantía de los derechos laborales y de seguridad social de un grupo vulnerable”. En consecuencia, a juicio de la Corte Constitucional esta medida no es regresiva y tampoco se considera discriminatoria. No obstante, la Corte resaltó que en ningún caso PPS sustituye el Sistema General de Seguridad Social. Por último, la Corte preciso que la expresión “deberán” no puede entenderse como un imperativo, esto es, el empleador y trabajador pueden convenir la afiliación al Régimen de Seguridad Social (contributivo), a pesar de que el segundo obtenga ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo. 

Para saber más de este tema, los invitamos a consultar en la biblioteca jurídica virtual del Municipio de Medellín – ASTREA, la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 1174 de 2020.

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Preve-Nota

480 de 2021

Fortalecimiento de las mujeres colombianas en el sistema de compras estatales y contratación pública

La Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente—, como ente rector del Sistema de Compra Pública, en la circular externa 004 del 27 de octubre de 2020, dirigida a las entidades sujetas al Estatuto General de Contratación Estatal, instó a la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que celebren, para promover la vinculación de un porcentaje mínimo de mujeres en la ejecución contractual. Esto, en el marco de la adopción de acciones afirmativas en su condición de sujeto de especial protección constitucional. (Al respecto ver Sentencia C-667/06). 

Lo anterior, se enmarca en la necesidad de implementar políticas con enfoque de género en los contratos estatales, atendiendo a las condiciones de las mujeres como resultado de los especiales impactos que debieron afrontar con ocasión de la pandemia: se estima, por ejemplo, según el DANE, la tasa de desempleo de este grupo poblacional llegó al 26, 2% (10 puntos porcentuales más a la de los hombres). 

Esta tipología de cláusulas resultan válidas a la luz del ordenamiento jurídico conforme el principio de autonomía de la voluntad de las partes que, por expresa remisión, en particular a los artículo 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, resulta aplicable a los contratos de la administración pública. 

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Preve-Nota

481 de 2021

Ciclo de gobernanza regulatoria

A través del Decreto 747 de 2021 se establecieron los lineamientos para la mejora normativa del Municipio de Medellín en el marco del proceso de gestión jurídica, el Modelo de Gerencia Jurídica Pública y el pilar de direccionamiento jurídico del Conglomerado Público. Dichos lineamientos se aplicarán a las normas de carácter general y abstracto proyectadas para firma del Alcalde, tanto por las dependencias del nivel central como por las entidades descentralizadas, que sean de impacto para la ciudadanía.

Para la expedición de dichos actos administrativos deberá cumplirse con las siguientes etapas que componen el ciclo de gobernanza regulatoria: 1) planeación: agenda regulatoria; 2) diseño: análisis de impacto normativo; 3) participación: consulta pública; 4) revisión: control sectorial;  5) publicación en gaceta oficial; 6) evaluación posterior; 7) simplificación, racionalización y depuración normativa.

Estos lineamientos no resultan aplicables para las normas de carácter particular y concreto, ni aquellas que versen sobre el proceso de gestión integral del talento humano de la Administración Municipal o la estructura de empleos, la planta global y la escala salarial. Tampoco en las que rinden honores, condecoraciones y reconocimientos, tratan aspectos presupuestales, dan instrucciones dirigidas a la administración interna o aquellas que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata relacionadas con el orden público.

Para conocer sobre el ciclo de la gobernanza regulatoria en el Municipio de Medellín, consulta en Astrea el Decreto 747 de 2021.

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Preve-Nota

479 de 2021

Contrato realidad

Se denomina «contrato realidad» a la relación laboral encubierta a través de la celebración de un contrato de prestación de servicios personales. El reconocimiento de la existencia de la relación laboral, con independencia de la denominación y contenido del contrato celebrado, se funda en el principio de primacía de la realidad sobre las formas, previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

Para que se configure la existencia de una relación laboral es necesario que se satisfagan tres (3) condiciones:

  1. Que el trabajador realice por sí mismo la actividad
  2. Que el trabajador desempeñe la actividad bajo la continuada subordinación o dependencia del empleador
  3. Que el trabajador reciba un salario como retribución del servicio prestado

El elemento esencial para diferenciar una relación laboral de una auténtica relación contractual derivada de la celebración de un contrato de prestación de servicios es el de la subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Por ello, para que se configure el «contrato realidad», es necesario que las circunstancias de ejecución del contrato desvirtúen la autonomía e independencia del contratista, por ejemplo: exigiéndole el «cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina» (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021, 9 de septiembre de 2021).

Para evitar que se desfiguren los contratos de prestación de servicios y la ejecución de este tipo de contratos dé lugar a un «contrato realidad», la Secretaría General adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico en Materia de Contrato Realidad para el Municipio de Medellín, mediante la Resolución 031 de 2017.

Para ampliar esta información, consultar: Resolución 031 de 2017 de la Secretaría General, numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y  artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

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